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El juez federal de Campana dio lugar al amparo presentado por las organizaciones sociales. Descartan que el gobierno de Milei apelará y, por eso, reforzarán el plan de lucha.
El juzgado federal de Campana le dio un duro golpe al intento del Gobierno nacional de eliminar el “programa Volver al Trabajo” que tiene 950 mil beneficiarios en todo el País.
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El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Capital Humano de la Nación a cargo de Sandra Pettovello, que mantenga el pago de las prestaciones económicas de este programa. Son $ 78.000 que reciben cada beneficiario. El monto no se actualiza desde noviembre de 2023.
Se trata de un programa social que nació como “Potenciar Trabajo” durante el último mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, y que se mantuvo durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Está destinado a capacitación de desocupados, transformándose en una asistencia económica directa del Estado nacional.
Acción colectiva
Un grupo de beneficiarios del plan social, con respaldo de organizaciones sociales, como el Polo Obrero, había promovido una acción colectiva contra el Estado por la decisión de dar por finalizado el programa, anunciada oficialmente el 7 de abril de 2026, con pago de una última asignación este mes.
“El corte abrupto de la prestación compromete derechos constitucionales básicos”, señaló González Charvay, el juez de Campana.
El magistrado citó el principio de no regresividad de los derechos sociales y ordenó al Estado restituir o mantener los pagos en un plazo de tres días, bajo apercibimiento de multas.
El fallo señala que el programa de vouchers de capacitación que el presidente Javier Milei presentó con Pettovello y todo el gabinete en el Centro de Formación de Capital Humano en La Paternal, no constituye una medida equivalente a un ingreso monetario.
El magistrado argumentó que esa iniciativa no garantiza condiciones mínimas de subsistencia y citó el artículo 14 bis de la Constitución al tiempo que recordó que es deber del Estado adoptar medidas de acción positiva para grupos vulnerables.
Capital Humano apelará la decisión judicial. El Gobierno acaba de presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar el giro de 2.5 billones de pesos que debería pagar a las universidades por la ley de financiamiento.
También recurrió al máximo Tribunal con un per saltum para que se restituyan los artículos de la reforma laboral bloqueados por un juez de primera instancia.
Esta nuevo fallo obliga a la cartera que conduce Sandra Pettovello a pagar la prestación de $ 78.000 dentro de los próximos tres días y que mantenga el programa hasta que haya una sentencia de fondo.
El pago de este salario social complementario refrendado por una ley unánime del Congreso Nacional en el 2017 se interrumpió a principios de mes, cuando el gobierno de Milei avanzó con la reformulación del programa a través de “vouchers para capacitación”.
Antes había dado de baja la contraprestación con el argumento de correr de la intermediación a las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Buena parte de esos recursos se pagaron vía la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.
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